Durante dos horas, expertos en el tema conversaron sobre el punto 2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, que ya cumple cuatro años desde su firma (26 de septiembre de 2016). En este panel virtual que se llevó a cabo dentro del marco de la Semana por la Paz, y que fue organizado por el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), se llegó a la conclusión de que este punto, Participación política: Apertura democrática para construir la paz, es el que menos se ha desarrollado en el país. 

El evento inició mostrando los resultados de una investigación que adelantan Nadia Pérez Guevara, del IEP, y Fabián Acuña, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de México, sobre el desempeño electoral del partido Farc en las elecciones de 2019. En las reflexiones preliminares del estudio se evidencia que el partido superó sus propios números en cuanto a la participación y la elección de candidatos en su primera vez en elecciones subnacionales. Sin embargo, todavía sigue siendo una fuerza minúscula que debe enfrentarse a las grandes maquinarias, además de los pocos recursos de credibilidad que tiene en su trayectoria política.

Seguidamente se abrió el espacio para que los demás invitados, Jairo Reinaldo Cala Suárez, representante a la Cámara por Santander del partido Farc; Miyerlandy Cabanzo Valencia, del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame; y Carolina Jiménez Martín, del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), expresaran su opinión sobre los avances y limitaciones a cuatro años de la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente del punto 2.

“Este Gobierno no ha generado las condiciones para que haya una verdadera profundización de la participación política de los sectores políticos minoritarios y de oposición al Gobierno”, señaló Cala. Igualmente afirmó que si bien la participación es fundamental, lo primordial es que se pueda profundizar de manera efectiva la apertura democrática que permita la participación de esas minorías en igualdad de condiciones, con los partidos tradicionales que históricamente han hegemonizado el gobierno en Colombia. 

Para Jiménez Martín, “el punto 2 es el que menos desarrollo tiene en relación con el punto 1 y 3. Los pocos desarrollos que ha alcanzado obedecen a la fuerza política de organizaciones en un momento dado, que fue el inicio de la implementación del Acuerdo”. Enfatizó que lo único que se ha podido avanzar de manera clara en dicho punto es lo referido al Estatuto de la Oposición, “que en todo caso hay que señalar era una disposición de la Constitución Política de 1991. Era una deuda histórica imposible de seguir negando”, agregó.

Cabanzo también estuvo de acuerdo con el poco avance de este punto e indicó que tal vez una de las dificultades ha sido generar consensos entre las fuerzas públicas que son distantes y están en tensión. Asimismo, reconoció que este punto no requiere alta inversión como sí ocurre con los otros, pero que la realidad es que no ha sido una prioridad en la agenda pública a nivel nacional. “La participación se ha visto limitada y amenazada sobre todo en territorios donde el conflicto armado persiste. No se ha reducido e incluso se ha agravado, lo vemos con el aumento de amenazas, de homicidios de líderes y lideresas en zona rurales de diferentes regiones del país. No están cumpliendo con el objetivo de prevenir y mitigar los riesgos de las comunidades rurales”, añadió.

Finalmente, Jiménez hizo un llamado a “no echar en saco roto el Acuerdo”. “Hay que decirle al Estado que es un momento histórico para nosotros, que somos una generación que merecemos vivir en paz, que estamos cansados de la guerra. Por más que el gobierno nacional ha querido acabar con el Acuerdo, no ha tenido la fuerza política y social para hacerlo”, concluyó.

 

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