Por Pedro Fernando Delgado Jaimes*

América Latina es la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos, como lo afirma el Programa de las Naciones Unidas PNUD en su informe sobre desarrollo humano de 2019, situación que refleja las dificultades de diversos sectores poblacionales: desplazados, migrantes, informales, discapacitados, jóvenes, afrodescendientes, mujeres cabezas de hogar, indígenas y unos cuantos grupos más que carecen de oportunidades para enfrentar los distintos problemas sociales. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la situación económica y social no mejora, la tasa de pobreza en la región paso de ser de 28 % en 2014 a 31 % en 2019, situación que se profundiza con la pandemia, donde uno de cada seis jóvenes ha dejado de trabajar y donde a los que aún tienen trabajo se les redujeron sus horas laborales en un 23 %. En Colombia, el panorama no deja de ser desalentador, según la OCDE la productividad laboral es baja, incluso en comparación con otros países de América Latina, y solo alcanza un tercio del nivel promedio de los países miembros de esta organización en 2019. 

Hoy las autoridades están diseñando una multitud de estrategias para reactivar las economías, algunas usando las recetas de siempre, otras explorando nuevos caminos que superen las deficiencias estructurales y permitan revertir el desgaste de un modelo de desarrollo con crisis cada vez más recurrentes y profundas, y por último, en menor medida algunas dispuestas a realizar ejercicios de innovación social y laboral.

Los equipos que toman decisiones enfrentan un gran dilema, tratar de ‘remar’ y diseñar estrategias que ayuden a salir del caos inesperado que generó la pandemia y con ello salvar su imagen, o pensar en acciones que permitan enfrentar efectivamente los retos que la nueva realidad les impone y grabar sus nombres en la historia.  Para ello, deben escoger entre asumir el riesgo de romper los esquemas previos o mantener una estabilidad a nivel macro que, aunque ha probado disminuir la incertidumbre, no ha generado los aumentos requeridos en productividad, competitividad, empleabilidad y mucho menos en la disminución de la desigualdad. 

El panorama en Colombia 

En el país, la proporción de ocupados informales según el DANE en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,3 % en el trimestre móvil mayo - julio 2020, en materia laboral algunas problemáticas se profundizan con la pandemia, según datos del Ministerio del Trabajo en agosto de 2020 respecto a agosto de 2019, la oferta laboral disminuyó en un millón 131 mil personas, el número de ocupados disminuyó en 2 millones 419 mil personas, la cifra de desocupados aumentó en 1 millón 288 mil personas ubicándose en 16,9 %. Por su parte, la tasa de desempleo para las mujeres paso de 14,4 % a 21,7 % y la de los hombres que estaba en 8,1 % se ubicó en 13,5 %.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, en la desigualdad influyen aspectos como la heterogeneidad estructural de los sistemas productivos, la cultura del privilegio, la pertenencia a distintos estratos o clases, el género, la edad, la condición étnico-racial y el territorio. Esta desigualdad, se manifiesta en dimensiones tan importantes para el bienestar humano como el empleo y el trabajo, el acceso a los recursos productivos e ingreso, el acceso a todos los servicios básicos incluyendo TIC, la protección social, las posibilidades de vivir una vida libre de violencias, y la participación, por mencionar algunos. 

Lo dicho hasta ahora muestra la enorme necesidad de crear mecanismos y opciones de inserción en la vida social y económica para todos, más cuando debemos levantarnos de ese golpe tan inesperado que nos propinó la pandemia. En esta situación, como lo afirma Alison Maitland, la directora de la Junta del Consejo Europeo para la Diversidad en el Trabajo, “todos somos vulnerables, aunque hay gente mucho más vulnerable que debe ser incluida en las soluciones que permitan recuperarnos de la crisis del COVID-19”.  Un dato que confirma esta percepción en la actual coyuntura es que en nuestro país el 69 % de los fallecidos por COVID-19 son de estratos 1 y 2, según datos del DANE para finales de agosto. 

En esa misma línea, el Banco Interamericano de Desarrollo BID ha venido alertando sobre esta situación, pues a pesar de que en la región las cosas han mejorado aún hay aspectos como la productividad, la desigualdad de ingresos laborales, la empleabilidad y la formalidad que aún no logran despegar. Hay que actuar rápidamente dado que estas circunstancias, aunque nos afectan a todos perjudican a los grupos vulnerables, a quienes carecen de las herramientas necesarias en términos de formación, capital social, mejoramiento de habilidades, capacidades para el empleo y el emprendimiento. 

El poder de la inclusión en la reactivación económica 

La actual situación ha dejado ver dos elementos básicos para afrontar el nuevo escenario socioeconómico: la necesidad de un cambio de esquema o modelo y la generación de mejoras esenciales en las opciones y condiciones que permitan a todos los grupos poblacionales el acceso a las oportunidades. 

Es necesario reconocer el poder de la inclusión como lo afirma Maitland, pero además debe apostarse decididamente por ella para que tenga una incidencia mayor, para ello se requiere un cambio de mentalidad que apoye los cambios en los modelos de contratación, y gestión del personal, en la organización del trabajo (teletrabajo, flexibilidad, sistemas de generación de ideas y de búsqueda de aplicaciones prácticas) o en el lugar de trabajo (prevención de riesgos laborales y salud laboral). Esta inclusión debe ser real y efectiva, estar apoyada por todos los actores sociales: empresas, gobierno, academia y sector comunitario, estar sustentada en distintos mecanismos e incentivos con el fin de aprovechar y potenciar las capacidades y talentos que no se han podido explotar hasta ahora por falta de una oportunidad, de una orientación adecuada y pertinente.  

En este sentido, hay experiencias exitosas internacionalmente, muchas de ellas han favorecido a la comunidad LGTB+, a personas en condición de discapacidad, a mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, entre otros. Estas experiencias de inclusión laboral, productiva y social son cada vez más comunes demostrando que pueden aportar al desarrollo empresarial, a la imagen corporativa y a la responsabilidad social, al crecimiento económico y al desarrollo personal, a la generación de riqueza, al mejoramiento de la eficiencia, productividad y competitividad, a la protección del medio ambiente. Hay que apostarle a nuevas rutas para el desarrollo, a dejar la dependencia de la extracción y explotación de los recursos naturales, como lo afirma Joseph Stiglitz.  

Al respecto, la CEPAL manifiesta que es necesario “crecer para igualar e igualar para crecer”, aunque se requiere un mayor crecimiento, este debe darse a nivel estructural y de manera progresiva para que permita la diversificación productiva especialmente en sectores intensivos en conocimiento, priorizando la generación de empleos de calidad, apostando por un desarrollo social inclusivo y universalista, que disminuya al máximo las desigualdades sociales para superar la pobreza y consolidar los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población. Se requiere fortalecer las instituciones, mejorar la participación de los todos los actores sociales en el ciclo de las políticas a implementar, pero lo más importante, se requiere de voluntad política, de un liderazgo , de un gobierno activo y propositivo que articule, coordine, genere los incentivos, regule y dinamice el proceso, pues aunque no es el único responsable, es el actor social con mayor capacidad para elegir y orientar los consensos sociales al tener los mecanismos legales que puedan dinamizar las estrategias diseñadas en conjunto.

En este sentido, según OIT “se deben apoyar las políticas activas del mercado de trabajo, aquellas que ayudan a la gente a encontrar empleos de calidad de manera sostenible, promoviendo la creación de empleos productivos, mejorando las calificaciones y la productividad de las personas y garantizando un vínculo entre los solicitantes de empleo y los empleadores”. Debe proponerse que los individuos accedan a opciones de ingreso, emprendimiento y empleo que sean sostenibles y respondan a sus necesidades, potencialidades y expectativas, hay que invertir en la educación y la formación para el desarrollo de competencias y habilidades, tanto las técnicas como las ‘blandas’, hay que mejorar la cualificación para que aporte al crecimiento y al desarrollo, solo así las personas podrán capacitarse para enfrentar desafíos mucho más complejos asociados a la “nueva normalidad”.

Estamos en un momento crítico que nos obliga a repensarnos, a actuar en conjunto y a eliminar las brechas, es una de las últimas oportunidades que tenemos de hacer las cosas bien y no como nos toca, si realmente queremos que los esfuerzos se vean recompensados y que los acciones en pro del desarrollo garanticen una reactivación sostenible, hay que esforzarnos más, buscar soluciones a la coyuntura pesando en mejorar la estructura. Para ello, hay que mejorar las oportunidades, debe brindarse el acceso a los medios y mecanismos para desarrollar y potenciar las capacidades de todos, hay apostarle al desarrollo humano participativo, dirigir esfuerzos hacia los más vulnerables, hay que incluir a aquellos a quien Eduardo Galeano llamaba “‘Los nadies’, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean… aquellos que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local”.

Sobre este tema se hablará en el II Congreso Internacional del Mercado Laboral, apoyado por el Ministerio de Trabajo y que se realizará el 18 y 19 de noviembre de 2020. Modelos de desarrollo, desafíos del mercado de trabajo en tiempos de crisis e incertidumbre, será la temática central. 

 

*Director Maestría en Análisis Económico UNAB, miembro del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Santander ORMET Santander.

Tabla Técnica

Autor 
Fecha 
Oct 15, 2020
Tipo 
Noticia