Una investigación que adelanta el semillero de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) reveló que en Colombia, entre 2015 y 2019, se les inició investigación por delitos a 6.205.958 personas, de las cuales 24.173 (0,39 %) corresponden a ciudadanos venezolanos.

“Venezolanos en Colombia ¿víctimas o victimarios de la inseguridad ciudadana?” es el proyecto que busca analizar la incidencia de la migración venezolana en la seguridad ciudadana en Colombia en ese lapso. En su desarrollo trabajan las estudiantes del programa de Derecho de la UNAB Diana Alejandra Sarmiento Pedraza, María Lucía Rivero Arenas y María Camila García Contreras, bajo la tutoría de María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del (IEP).

A través de una metodología cuantitativa y cualitativa se estudian los datos obtenidos de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), llegando así a unos resultados parciales. 

La tasa de indiciados venezolanos por cada 1.000 residentes en todo el país en 2019 fue inferior a la tasa total de indiciados en cada departamento (Ver cifras). Este fenómeno también se evidenció en el análisis de víctimas con nacionalidad venezolana en Colombia, ya sea por homicidio doloso o culposo, delitos sexuales, lesiones personales, hurto o la violencia intrafamiliar. 

“Las conclusiones a las que llegamos por medio de este análisis son que la diáspora venezolana no ha tenido una incidencia significativa en el aumento tanto de la comisión de delitos como en el proceso de victimización dirigido a esa población”, señala Alejandra Sarmiento. 

Asimismo, han podido evidenciar que las entidades territoriales con mayor cantidad de población migrante es donde efectivamente se concentra el mayor número de víctimas e indiciados; también se ha encontrado que en departamentos fronterizos como Vichada realizan las llamadas ‘jornadas de limpieza social’, lo que aumenta el indicador de delitos como homicidio. 

De acuerdo con Bonilla, los resultados de la investigación son de interés para distintos sectores como las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y la academia porque “pueden contribuir a transformar los imaginarios sociales sobre la población migrante, e igualmente pueden ser útiles para el diseño de políticas públicas de seguridad y sobre todo de materia en función de prevención y control del delito”. 

Los resultados parciales de esta investigación fueron presentados por las estudiantes y de manera remota en el III Congreso Internacional de Políticas Públicas organizado por la Universidad de Salamanca, España.

Encuentre aquí el video de la ponencia del Congreso

 

Tabla Técnica