Por María Eugenia Bonilla Ovallos* 

La policía es una institución relevante y funcional para el Estado y el régimen político, cuyo  desempeño ha estado condicionado por la forma en que se obtiene y se mantiene el poder. No obstante, esta es una de las instituciones del Estado menos estudiadas, debido a una multiplicidad de factores, dentro de los que se destacan la ausencia de criterios unánimes sobre lo que significa el buen desempeño policial, la resistencia de la institución a ser objeto de monitoreo y evaluación, los elevados niveles de secretismo  con  los  que operan  las  policías, los  limitados indicadores cualitativos y cuantitativos que  existen,  el  sesgo  en  los  datos  disponibles  que  suelen  ser  estimados, calculados y suministrados generalmente por la misma institución y el subregistro originado por la “cifra negra” en los  indicadores de seguridad.

Pese a las complejidades de abordar este objeto de investigación, en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), se han desarrollado investigaciones que permiten reflexionar sobre la funcionalidad del modelo de policía actual, teorizando sobre la relación existente entre desempeño policial y consolidación democrática, y midiendo su desempeño a través del Índice de  Desempeño  Policial Democrático (IDPD), integrado por tres dimensiones: efectividad, legalidad y legitimidad policial.

Los resultados indican que los cuerpos policiales, al ser poseedores legítimos del  monopolio de la fuerza, asumen un rol elemental dentro del Estado democrático, puesto  que las características de su desempeño pueden resultar funcionales o no para la consolidación de una sociedad capaz de resolver sus conflictos a través de códigos democráticos. En democracia se hace necesaria una institución  policial que interactúe con los agentes institucionales y civiles del Estado, en el marco del respeto de los derechos políticos, civiles y humanos, de manera que sus acciones, en lugar de vulnerar y transgredir  principios como la igualdad, la libertad y la justicia, los garanticen y reafirmen.

Malas prácticas policiales,  como el excesivo uso de la fuerza, la politización, el abuso  de autoridad, la tortura,  la negligencia,  el trato inhumano  o  degradante,  la arbitrariedad  y  la corrupción, inciden en la legitimidad del cuerpo de seguridad,  puesto que promueven  la desconfianza y la  percepción negativa sobre  la  posibilidad real de que los policías  puedan establecer condiciones idóneas de seguridad. Además, estas prácticas son un  obstáculo para la consolidación del régimen en la  medida en que dan lugar a la violación  de “derechos o intereses considerados inviolables y por ende superiores al proceso democrático mismo” (Dahl, 2002, p.220).

No  es  posible concebir una policía funcional para la consolidación democrática, que sea incapaz de cumplir de manera efectiva con su misión institucional.  Responder a las  demandas ciudadanas en materia de orden y seguridad representa una valiosa oportunidad para promover la confianza, incrementar la satisfacción frente al régimen y para instar a los ciudadanos a resolver sus conflictos  mediante las  reglas  que el sistema  democrático ha establecido,  reconociendo al cuerpo de seguridad  como “the  only  game  in town” y considerando que la violación de las normas y las leyes vigentes desembocará en salidas costosas e ineficientes, ante lo cual, se  sujetarán y  habituarán a la resolución de  los conflictos dentro de los límites que ésta les impone.

Para  que  el  desempeño  policial  sea democrático, no solo importa qué hace el cuerpo de seguridad para cumplir con su misión institucional y cómo lo hace,  sino también cómo  lo percibe la ciudadanía,  pues en este tipo de régimen, el ciudadano se  constituye  como   el destinatario final  del servicio público. La legitimidad social de la acción policial es clave para la gobernabilidad, puesto que a mayor legitimidad de la policía, mayor disposición por parte de la ciudadanía a aceptar y cumplir  sus indicaciones y a colaborar activamente  con  ella.

Tras medir el Índice de  Desempeño  Policial  Democrático, se evidenció que Colombia no   ha logrado reemplazar completamente el modelo policial de corte represivo,   militarizado, centralizado y politizado que estuvo vigente durante gran parte del siglo XX. La consolidación de un cuerpo policial funcional y coherente con los principios  democráticos sigue siendo un problema crítico en el país, pues el actual modelo  de  policía presenta amplios  retos  en  materia  de efectividad,  legalidad  y  legitimidad,  pese  a los esfuerzos  democratizadores  de  la  reforma  policial  promovida  en  la década de los noventa.

Los  resultados incitan al debate sobre lo que la democracia requiere del cuerpo de  seguridad y, a su vez, sobre lo que esta puede moldear en una institución policial con  miras a promover su desempeño funcional y coherente con los principios elementales del  régimen. Una reforma policial democratizadora debe orientarse a incrementar el grado de profesionalización de la policía, fortalecer y diversificar la estructura de “accountability  policial” y ampliar la capacidad institucional de la que  ha dispuesto la Policía Nacional para el ejercicio de sus funciones. Finalmente, nada de esto tiene sentido sino se analiza críticamente la postura gubernamental frente al cuerpo de seguridad, es decir, las políticas y el esquema de seguridad pública que soporta su accionar.

Para profundizar más sobre un tema que en estos momentos constituye un debate de carácter nacional, ante los convulsos hechos de orden público la semana anterior, puede consultar el siguiente artículo: https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3740/3195

 

*Directora IEP UNAB

 

Tabla Técnica

Fecha 
Sep 17, 2020
Tipo 
Noticia