Página 2 de 4

Contenido en el Boletín: e-Contable - Edición #12 - Abril 7, 2016

El distinguido profesor Gabriel Vásquez Tristancho nos comparte el siguiente artículo, en el que llama la atención a los profesionales de la contaduría pública sobre la posible pérdida de la matrícula profesional a los revisores fiscales.

El artículo 26 de la Ley 43 de 1990 establece las causales de cancelación de la inscripción de un Contador y fue adicionado otro numeral con el artículo 32 de la Ley 1474 de 2011, el cual fue modificado recientemente por el artículo 7 de la Ley 1778 del 2 de febrero de 2016,  “por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción”.

La responsabilidad del profesional de la contaduría en ejercicio como auditor independiente a través de la figura en Colombia de la revisoría fiscal es la siguiente:

“Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiese tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. “

Resaltamos varios puntos de esta obligación profesional de denunciar so pena nada más ni nada menos de perder la matrícula. Primero que se trata de “presunta realización”, es decir que no requiere intervención de ninguna autoridad para ejercer esta imposición legal, toda vez que solamente con las evidencias obtenidas en una auditoría regular se deberán formular las respectivas denuncias. Segundo que remite al profesional de la contaduría a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría,  entre otras autoridades de control y judiciales, casi que simultáneamente cuando hay evidencia de alta probabilidad de riesgos de fraude. Tercero que a partir del año 2016 con la obligación de aplicar los estándares internacionales de aseguramiento internacional, es un deber profesional detectar los riesgos de fraude y error exigidos en NIA 240; luego dado el caso que las evidencias involucren a cualquier persona jurídica que de manera voluntaria u obligatoria tengan la figura del revisor fiscal, dicho profesional deberá denunciar.

Son infinitas las aplicaciones prácticas de esta norma, pero en los casos de empresas que tienen contratación pública los revisores fiscales deberán tener unos papeles de trabajo muy bien estructurados en el tema fraude y error y el cumplimiento legal de lo exigido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 43 de 1990.

   

GABRIEL VASQUEZ TRISTANCHO
CPT-UNAB

 

Autor: Jorge Eliecer Ardila Correa
Fecha del Artículo: Abril 7, 2016

Boletín: e-Contable

e-contable nació con el objetivo de crear un instrumento de comunicación que permita el contacto directo de los diferentes estamentos de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables con sus Egresados, a fin de tenerlos informados de los diferentes tópicos que se llevan a cabo en casa y en nuestro entorno relacionados con aspectos personales, sociales, políticos y profesionales.

Fecha 
Abr 7, 2016
Boletín 
Frecuencia 
Trimestral
Medios 
Digital